Un gobierno que no construye casas y una huelga contra la oposición

Esta semana España ha vuelto a demostrar que cuando el Estado se pone a “solucionar” un problema, lo convierte en un monstruo de tres cabezas: una burocrática, otra sindical y una tercera electoral. Mientras el Banco de España confirma que la construcción de vivienda sigue atascada por la falta de mano de obra, de suelo finalista, de conexiones eléctricas y, sobre todo, por una maraña de trámites que convierten cualquier desarrollo urbanístico en una carrera de obstáculos de ocho años o más, los sindicatos han formalizado la huelga general del 11 de noviembre. Exigen topes al alquiler, un millón de viviendas “asequibles” (pagadas por alguien, el contribuyente), subidas del SMI del 7% y, de paso, que la patronal parezca la culpable de un problema que no ha creado.
El déficit habitacional ya ronda las 750.000 viviendas y puede llegar al millón en pocos años. Se inician unas 120.000 casas al año, pero solo se terminan unas 80.000. El regulador lo dice sin rodeos: la oferta no despega porque la regulación, la lentitud administrativa y la escasez de suelo lo impiden. En lenguaje de barrio: hay demanda, hay gente dispuesta a construir y hay capital, pero el papel, el sello y el “informe de impacto de no se sabe qué” actúan como un tapón de cemento armado. Mientras tanto, la deuda pública se situó en agosto en el 99,7 % del PIB (1,75 billones de euros). La ratio baja un poco gracias al crecimiento nominal, pero el volumen absoluto sigue subiendo. Cada español debe ya más de 35.000 euros. Y eso sin contar el coste de oportunidad de todos esos trámites eternos.

La respuesta de la izquierda es previsible. Unos piden más intervención, más controles de precios y más gasto público (la huelga del 11-N es el ejemplo perfecto: convertir un problema de oferta en una reivindicación de demanda y de “derechos” contra el “rentismo”). Otros, como el “Contrato con España” de Feijóo, prometen bajar impuestos, construir un millón de viviendas y revisar las casi ciento cincuenta subidas fiscales del régimen Sanchista. La dirección es correcta, pero la concreción es todavía vaporosa. Mientras tanto, la patronal de gran consumo (Aecoc) pide IVA cero o reducido en alimentos básicos y rebajas energéticas porque la recaudación ha crecido un 50 % en siete años y el poder adquisitivo de las familias ha descendido significativamente.
Y tienen razón: la inflación de septiembre se cerró en el 4,9 % (carburantes a +28-34 %), la subyacente en el 3,1 %, y el Banco de España sigue proyectando medias del 3,9 % para 2026. Los subsidios de 20 céntimos por litro ayudan en el surtidor, pero distorsionan y cargan el coste a las cuentas públicas.

Desde una perspectiva liberal —la de Mises, Hayek o la motosierra del gran Milei— esto es de manual. El mercado de la vivienda no falla porque haya “especuladores malvados”; falla porque el Estado ha convertido el suelo y los permisos en un bien escaso administrativamente. Cada regulación adicional, cada tope de precios y cada promesa de “vivienda pública” masiva reduce el incentivo a construir y alarga los plazos. La huelga general, por muy legítima que sea como expresión de malestar, pide más de lo mismo: más controles y más gasto. Es como intentar curar una intoxicación etílica de ron bebiendo ginebra.
El libre mercado no es una utopía, es una realidad que funciona si se le deja: es simplemente dejar que el precio del suelo, del alquiler y de la construcción transmitan información real. Si se liberaliza suelo, se aceleran licencias (plazos máximos y silencio positivo de verdad), se eliminan trabas absurdas y se bajan impuestos de forma permanente, la oferta responderá. Lo ha hecho siempre que se le ha dejado.

El crecimiento del 2,5/2,6% que proyectan Banco de España y FMI es real, pero frágil si se sostiene sobre gasto, inmigración formalizada y fondos europeos mientras la productividad y la inversión residencial cojean por culpa del Estado. España no necesita otra huelga ni otro plan quinquenal de vivienda pública. Necesita menos papeles, menos ministerios que regulan lo que no producen y más libertad para construir, alquilar y trabajar. La motosierra no es un eslogan: es la herramienta más eficiente contra la montaña de expedientes que impide que un joven encuentre casa antes de que se jubile.
Mientras la deuda sigue engordando en euros absolutos y la inflación se come los salarios, seguir confiando en que “más Estado” arreglará lo que “más Estado” ha empeorado es el camino más corto hacia el estancamiento. El libre mercado, con señales claras y competencia, es la única vía que no exige pedir prestado el futuro de nuestros hijos.

La realidad, simple y llanamente, es que los que nos han traído hasta esta ruina es imposible que nos saquen de ella. La izquierda lo ha emponzoñado todo y ha llevado a la ruina y la desesperación a millones de familias. La única esperanza para España, es que la izquierda pierda las elecciones y no vuelvan al poder al menos en los próximos cincuenta años. De este modo daría tiempo a reparar el destrozo realizado en estos años.