Urge la motosierra: inflación persistente, deuda creciente y enchufismo

En la última semana, los organismos oficiales han vuelto a alimentar el relato optimista sobre la economía española. El Banco de España ha revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,6% en 2026 y el 2,2% en 2027, mientras que el FMI sitúa la cifra en el 2,5% para este año, consolidando a España como la gran economía de la eurozona con mayor dinamismo. Estos datos, que a primera vista parecen confirmar la fuerza del país ante un entorno geopolítico adverso —marcado por la guerra en Irán y las tensiones energéticas—, ocultan una realidad mucho más preocupante: la inflación se ha disparado hasta el 5% en septiembre, con una media prevista del 3,9% para 2026 según el Banco de España y del 3,7% según el FMI. La subyacente se sitúa en el 3,1%, y los carburantes han encarecido casi un 28%, evidenciando que el shock energético no es un fenómeno pasajero, sino el resultado de una combinación de factores externos y de políticas internas que impiden el ajuste de precios vía mercado.

Este crecimiento, en realidad ficticio, se sostiene sobre cimientos inestables: un gasto público insoportable; la inmigración masiva que obliga a producir más (sube el PIB), pero que aporta poco o, más bien, resta; y los fondos europeos, que para nuestra desgracia el gobierno no ha sabido utilizar y han malgastado. Es decir, que la parodia del crecimiento de España no está cimentada sobre una productividad robusta ni sobre una inversión privada desatada ni sobre fundamentos económicos válidos a medio o largo plazo, tan solo hay humo que dificulta ver la realidad. La creación de empleo se modera: el Banco de España proyecta un crecimiento del 2% en ocupados para 2026, con una tasa de paro que rondará el 10% este año y el 9,7% el próximo, lejos de los niveles de pleno empleo que exige una economía competitiva. Mientras tanto, el déficit público se mantiene en torno al 2,6% del PIB en 2026, y la deuda, aunque la ratio desciende ligeramente por el efecto denominador del PIB nominal, sigue en cifras récord nominales, alrededor de 1,74 billones de euros. Lo verdaderamente alarmante es la factura de intereses: Funcas advierte de que los pagos pasarán de unos 43.500 millones en 2026 a 63.700 millones en 2031, un incremento de 20.000 millones anuales que se comerá recursos que deberían destinarse a inversión productiva o a reducir la carga fiscal. La AIReF y otros análisis confirman que el coste de las nuevas emisiones ya roza el 3%, y sube, en un contexto de tipos elevados para combatir la inflación.

La respuesta del Gobierno ha sido la de siempre: más intervención. Descuentos fiscales a los carburantes, ayudas que el vicepresidente Carlos Cuerpo presenta como exitosas por haber reducido "siete décimas" la inflación energética, pero que en realidad distorsionan señales de precios, prolongan el desajuste y cargan el coste sobre el contribuyente futuro. Los sindicatos piden un aumento del SMI del 7%, concentrando a más trabajadores en tramos bajos y erosionando la competitividad. En vivienda, la regulación y la escasez de oferta mantienen precios al alza, con familias destinando más del 38% de su renta a la hipoteca. Todo ello mientras el PP propone, con acierto en la dirección, aunque insuficiente en profundidad, rebajas de IVA en la cesta básica y energía, y deflactación del IRPF para evitar la progresividad fría de la inflación.

Desde un punto de vista liberal, en la línea de pensadores como Mises, Hayek o el propio Javier Milei, este modelo es insostenible. El crecimiento basado en gasto público y subsidios no es crecimiento real; es consumo de capital y desplazamiento del sector privado. La inflación no se combate con controles ni con más gasto, sino con disciplina monetaria —que el BCE debería priorizar— y, sobre todo, con reducción del déficit y del gasto. España necesita una motosierra fiscal: recortar el gasto público de forma estructural, eliminar ministerios superfluos, desregular el mercado laboral y de vivienda, bajar impuestos de forma permanente (no coyuntural) y abrir la economía a la competencia. Solo así se liberará la productividad, se atraerán inversiones reales y se devolverá poder adquisitivo a las familias sin recurrir al endeudamiento que hipoteca el futuro.

Los datos de esta semana no celebran un milagro, sino que alertan de un espejismo. Mientras la deuda indexada a la inflación supera los 100.000 millones y los intereses se disparan, seguir confiando en la intervención estatal es el camino hacia el estancamiento y la pérdida de libertad económica. El libre mercado, con sus señales de precios claras y su asignación eficiente de recursos, es la única vía para un crecimiento sostenible y genuino. España no necesita más Estado; necesita mucho menos Estado y más libertad.