RECAUDACIÓN RÉCORD, DÉFICIT CRECIENTE E INFLACIÓN AL 4,3%: EL ESTADO NO ES LA SOLUCIÓN, ES EL PROBLEMA

La última semana ha dejado un retrato implacable de la economía española. No es el de un milagro sostenido por la virtud pública, sino el de un aparato estatal que cobra y gasta aún más y, cuando el precio de la energía se dispara por un conflicto externo, responde con más intervención en lugar de minimizarla.

Pero empecemos por los hechos, no por el relato.
La inflación interanual se situó en agosto en el 4,3% según la estimación preliminar del INE: siete décimas más que en julio. El motor principal no es un misterio: carburantes, márgenes de refino, petróleo internacional y la retirada parcial de las rebajas fiscales sobre hidrocarburos. La electricidad y los alimentos no elaborados añaden presión. El diferencial con la zona euro se ha ampliado. Quien crea que un gobierno puede «acompañar a las familias» congelando precios o prorrogando subsidios sin distorsionar señales de mercado, es que no ha abierto un manual de microeconomía en su vida.
Al mismo tiempo, Hacienda ha confirmado que el déficit de las administraciones públicas (sin corporaciones locales) cerró el primer semestre en 33.668 millones de euros, un 6,4% más que en el mismo periodo de 2025, el 1,89% del PIB. El Estado, hasta julio, acumula un déficit un 13,5% superior. Los empleos no financieros crecieron un 11,5%. Las transferencias entre administraciones siguen siendo el grueso de esa máquina derrochadora.

Y aquí aparece la paradoja que el intervencionismo no quiere mirar de frente: la Agencia Tributaria recauda un 10,1% más hasta julio y ha superado los 200.000 millones en un mes de julio por primera vez. Incluso con recortes temporales ligados a la crisis energética de Irán, la recaudación crece a doble dígito. El déficit no cae porque el gasto corre más rápido que los ingresos. No es un accidente. Es el diseño.
El PIB del segundo trimestre avanzó un 0,7% intertrimestral, exactamente la media de la Unión Europea. España ha pasado del sexto al noveno puesto en crecimiento trimestral comunitario. El Gobierno adelanta un 0,6% para el tercer trimestre y se aferra a la previsión anual del 2,6%. El empleo resiste en términos de afiliación, en parte por regularización de extranjeros y por el paso de informal a formal; el paro registrado, en cambio, subió en agosto más de lo habitual en ese mes. Crecer al ritmo de Europa no es un éxito cuando durante años se vendió como gesta el simple hecho de no ir a la cola.

¿Qué propone el statu quo? Prorrogar medidas anticrisis «si es necesario», presentar presupuestos cuando se pueda y seguir hablando de «saneamiento» mientras el gasto crece a dos dígitos. Es la misma lógica que ha llevado a décadas de deuda por encima del 100% del PIB, a una presión fiscal que asfixia a quien produce y a una regulación que convierte cada reforma «parcial» en un parche sobre otro parche.

La alternativa liberal al intervencionismo socialista no es un eslogan, es una secuencia lógica.
Primero, el gasto. No se equilibra una cuenta pública subiendo impuestos a quien ya paga de más. Se equilibra recortando partidas, eliminando agencias, duplicidades, subvenciones clientelares y el consumo público que compite con el privado. Un Estado que gasta un 11,5% más mientras presume de responsabilidad fiscal está mintiendo con números. La motosierra no es crueldad: es aritmética.
Segundo, los impuestos. Recaudar un 10% más no es prueba de genialidad recaudatoria; es prueba de que la base imponible y la inflación están haciendo el trabajo sucio. Bajar impuestos de verdad deja el ahorro y la inversión en manos de quien sabe asignarlos. El capital no es un enemigo a ordeñar; es el único motor de productividad.
Tercero, la regulación y la energía. Distorsionar el precio de los carburantes con impuestos hoy sí, subsidios mañana y prórrogas pasado no abarata la energía: solo oculta el coste y retrasa el ajuste. Un mercado energético más abierto, con menos intervención en formación de precios y menos obstáculos a la oferta, es más eficaz que un ministerio anunciando que «acompañará» a las familias. El precio es información. Quien lo tapa condena al desabastecimiento o al déficit.
Cuarto, la deuda. Cada punto de déficit que no se cierra es una hipoteca sobre salarios futuros. No existe «espacio fiscal» mágico cuando el stock de deuda sigue en cotas de economía intervenida. Quien quiera tipos más bajos y prima de riesgo contenida tiene que ofrecer un sendero creíble de superávit primario, no discursos sobre el éxito del plan de ayudas.

España no necesita otro paquete coyuntural. Necesita un Estado más pequeño, reglas estables y libertad para contratar, invertir y fijar precios. El crecimiento del 0,6% o del 0,7% no se sostiene a base de regularización administrativa y gasto público: se sostiene cuando el sector privado deja de financiar un Leviatán que crece más rápido que la recaudación.

La semana que termina no ha descubierto nada nuevo. Solo ha puesto cifras a una evidencia antigua: cuando el Estado cobra más, gasta más y regula más, la inflación regresa, el déficit no se cierra y el milagro se diluye hasta parecerse a la media europea. El libre mercado no promete milagros. Promete que el que produce no será saqueado para sostener al que interviene.

Y eso, amigo lector, es lo que se requiere y no otra ronda de medidas temporales.