España crece, pero no gracias al Estado

La última semana ha dejado una fotografía que el relato oficial se apresura a celebrar y que, examinada con rigor, debería inquietar a quien crea que la prosperidad nace de la libertad económica y no de la nómina pública.

El dato que ha ocupado titulares es el avance del IPC de agosto: 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y el nivel más alto desde febrero de 2023. La inflación subyacente se modera al 2,9%, lo que permite al Gobierno señalar que el núcleo de precios «aguanta». Es un consuelo frágil. El salto se explica por carburantes, electricidad y alimentos no elaborados, en un contexto de shock energético internacional y, de forma nada menor, de retirada parcial de las rebajas fiscales sobre combustibles. Cuando el Estado decide primero distorsionar precios con subsidios y después retirarlos a trompicones, no está combatiendo la inflación: está fabricando volatilidad. El diferencial con la zona euro se ha ampliado hasta 1,2 puntos. Eso no es un accidente meteorológico: es pérdida de competitividad, es la ruina.

El mercado laboral ofrece, en apariencia, mejores noticias. La EPA del segundo trimestre situó el paro en el 9,87%, por debajo del 10% por primera vez en casi dos décadas. La afiliación a la Seguridad Social sigue en máximos, cerca de 22,3 millones, y en agosto creció un 0,4% en términos desestacionalizados. El Gobierno atribuye parte del «acelerón» a la regularización extraordinaria de extranjeros. Conviene no confundir formalización estadística con creación genuina de empleo productivo. El paro registrado subió en agosto más de lo habitual para el mes (1,9%). Las horas trabajadas por ocupado siguen una tendencia a la baja. Y la productividad apenas se mueve. Un país puede sumar afiliados y, al mismo tiempo, empobrecerse si cada hora de trabajo genera menos valor. A todo esto, hay que sumarle la innegable evidencia de que la regularización masiva no está sirviendo más que para aumentar el número de demandantes de empleo y, por tanto, susceptibles de recibir alguna ayuda económica. Tal y como se ha podido leer en toda la prensa: la ministra del ramo, Yolanda Díaz, reconoce que la subida del paro en agosto es consecuencia del proceso de regularización.

El PIB del segundo trimestre avanzó un 0,7% intertrimestral. El Ejecutivo mantiene su previsión del 2,6% para 2026, por encima de la zona euro. El PIB per cápita, sin embargo, creció solo un 0,5% en el trimestre: el crecimiento agregado se diluye en una población que se acerca a los 50 millones, impulsada por la inmigración. Crecer porque hay más gente no es lo mismo que crecer porque cada persona produce más. El primero llena ruedas de prensa; el segundo paga pensiones, vivienda y salarios reales. Pero no vamos a ahondar en este asunto porque ya se ha hablado de ello de más y de sobra en otros artículos de este mismo blog.

Por otro lado, en el frente fiscal, la receta del gobierno no cambia: más techo de gasto. El límite no financiero para 2027 se fijó en 226.032 millones, un récord histórico y un 6,6% más. La senda de déficit —2,1% en 2026, 1,8% en 2027— se presenta como «responsabilidad», pero se construye sobre una recaudación hinchada por la inflación y sobre un Estado que lleva desde 2023 sin presupuestos nuevos. El gasto público no es un termómetro de justicia social; es el precio que se cobra a quien trabaja, invierte y ahorra. Cada punto adicional de intervención —bonificaciones energéticas, regulación laboral rígida, impuestos que gravitan sobre el trabajo y el capital— desplaza recursos desde usos privados, revelados por el mercado, hacia usos políticos, revelados por la urna y el BOE, y qué a la postre no le renta a nadie... bueno, quizá sí, quizá a ZP y otros similares.

La lección liberal clásica no es novedosa, pero sí inoportuna para quien vive de administrar escasez ajena. La inflación no se vence con cheques ni con IVA selectivo: se vence con disciplina monetaria y con un Estado que deje de inyectar demanda allí donde la oferta no llega. El empleo duradero no nace de regularizaciones masivas ni de empleo público: nace de empresas que pueden contratar, despedir, invertir y quebrar sin pedirle permiso a un ministerio. El crecimiento per cápita no se decreta: se obtiene cuando el ahorro se convierte en capital y el capital en productividad. Aumentar la población con mano de obra no cualificada no aumenta la riqueza, la disminuye, empezando por los salarios que son los que primero se resienten y terminando en la recaudación del propio Estado, que al ser más bajos los sueldos se recaudará menos, se consumirá menos y se contratará menos.

España no necesita un Estado más imaginativo. Necesita un Estado más pequeño, impuestos más bajos y predecibles, menos regulación sobre el suelo, la energía y el trabajo, y una regla fiscal que corte el gasto en vez de bendecir su expansión. Mientras el debate público celebre el 2,6% y el paro por debajo del 10% como trofeos del interventor, el 4,3% de inflación y el techo de gasto récord seguirán recordando la verdad incómoda: se puede crecer un tiempo a base de población, turismo y gasto. No se puede enriquecer a una nación sin dejar que el mercado haga su trabajo.
En definitiva, como ya hemos reiterado mil veces, el socialismo siempre trae al principio estados ricos de ciudadanos pobres y, con el tiempo, estados pobres de ciudadanos más pobres.