España y el coste del Estado expansivo: un análisis liberal del despilfarro económico

España atraviesa hoy un debate político y económico esencial: ¿hasta qué punto el crecimiento del Estado y el gasto público son un motor legítimo de bienestar o una rémora al dinamismo económico? Desde una perspectiva liberal económica y política —que tiene por horizonte el ahorro, la inversión y la eficiencia institucional y que huye del gasto descontrolado y el enfurecido consumismo— la evidencia sugiere que el modelo actual de expansión del sector público está generando costes crecientes y riesgos significativos para la prosperidad futura.

De la Transición a hoy: crecimiento de la economía y también del Estado
Desde 1980, la economía española ha experimentado enormes transformaciones. El PIB per cápita ha crecido de forma significativa, incorporando al país a las principales economías avanzadas de Europa tras décadas de crecimiento robusto. Sin embargo, la expansión del gasto público y del tamaño del Estado ha superado al crecimiento económico de forma persistente en las últimas décadas. Ya se ha escrito en este blog, que el crecimiento del PIB per cápita en España tuvo una subida significativa hasta el año 2008 en el que claramente se estancó y a fecha de hoy, todo sigue igual.
Una muestra de ello es que el gasto público como porcentaje del PIB alcanzó aproximadamente el 45,5 % en 2024, muy por encima de la media histórica de los últimos 30 años y sostenido incluso tras la pandemia (Trading Economics). Este nivel de gasto sitúa a España entre los países con más amplio sector público en la Unión Europea, independientemente de su nivel de riqueza relativa. El número de funcionarios y trabajadores de empresas públicas está claramente desbordado, muy por encima de las necesidades del país.
Además, el gasto público per cápita en España ha crecido casi 2.5 veces más que el PIB per cápita en los últimos 15 años, según datos de la Intervención General del Estado (LA GACETA). Esto indica que no solo se gasta más, sino que se gasta de forma creciente en relación con la riqueza que genera la economía.

Una deuda que no para de crecer
Este salto en el gasto no ha venido acompañado de una contracción proporcional del déficit. La deuda pública alcanzó alrededor del 101,8 % del PIB en 2024, mientras que en 1980 era apenas el 16,6 % del PIB (Trading Economics). Aunque la ratio muestra una disminución relativa respecto a sus picos en la crisis de 2020, el volumen absoluto de deuda se mantiene en niveles récord: más de 1,7 billones de euros según datos recientes. Que, si se tiene en cuenta los datos del Gobierno sobre el PIB de España, estaría entorno al 100%, es decir, que habría bajado. Ahora bien, ¿los datos del Gobierno son reales o maquillados? Porque la deuda no cabe duda de que es la que es, pero el PIB no está nada claro que sea el que sostiene el Gobierno—al respecto ya se ha escrito en este mismo blog—.

Este crecimiento de la deuda pública tiene varias implicaciones:
• Coste de intereses crecientes, que absorben recursos que podrían dedicarse a inversión productiva o reducción de impuestos.
• Fragilidad fiscal frente a crisis externas, que reducen el margen de maniobra del estado.
• Presión intergeneracional, donde generaciones futuras afrontarán cargas fiscales mayores para financiar compromisos presentes.
Aunque algunos informes oficiales destacan que el déficit se ha reducido en los últimos años (por ejemplo, al 2,8 % del PIB en 2024), esto ocurre en el contexto de un crecimiento económico que ha sido relativamente fuerte en un entorno europeo débil —casi el triple que la media de la zona euro— gracias a factores como el turismo y la demanda interna (La Moncloa).

Duplicidades e ineficiencias: el Estado de múltiples capas
El crecimiento del gasto no es solo una cuestión de cifras agregadas, sino también de eficiencia y duplicidad administrativa. España cuenta con un entramado de administraciones —central, autonómica, provincial y local— que a menudo duplican funciones, multiplican estructuras y generan costes burocráticos elevados sin una mejora proporcional de los servicios públicos, de hecho, todo lo contrario, por lo general. La transferencia de competencias sin una rendición de cuentas clara o alineación de recursos ha creado solapamientos que no siempre benefician al ciudadano y que claramente alimentan la ineficiencia.
Un ejemplo son las transferencias entre administraciones, que en el primer trimestre de 2025 ascendieron a más de 42.000 millones de euros, con aumentos interanuales de doble dígito en partidas no siempre ligadas a productividad o prioridades reales (La Moncloa).

Empleo, gasto social y mercado laboral: crecimiento sí, pero ¿sostenible?
España ha experimentado avances notables en número de empleados con cifras de afiliados a la Seguridad Social que alcanzan récords. Sin embargo, parte del crecimiento del empleo y la demanda agregada se apoya en sectores de baja productividad relativa causada por la inmigración masiva en edad laboral y políticas de protección social expansivas. Es decir, buena parte del crecimiento es pan para hoy, pero hambre para mañana, ya que los nuevos trabajadores de terceros países que, generalmente no están cualificados, llegan con sus familias, las cuales suponen una sobrecarga al sistema social y la aportación de sus nóminas no amortiza el gasto que supondrá a lo largo de sus vidas.
El gasto social (pensiones, asistencia sanitaria, subsidios y otros programas) ha crecido de forma constante, presionando partidas presupuestarias clave del Estado. El Estado de Bienestar es un logro social, pero su coste creciente y alimenta la lógica de más gasto, más impuestos y más deuda. Es decir, cada vez más pobres.

Ayudas externas y política internacional: ¿filantropía o despilfarro?
Otro elemento del debate es el rol del Estado español respecto de las ayudas al desarrollo y políticas externas. Aunque la cooperación internacional es una inversión colectiva en estabilidad global, desde la óptica liberal es legítimo preguntarse si los recursos destinados a políticas exteriores están alineados con los intereses económicos y fiscales del país cuando el propio Estado enfrenta presiones crecientes. ¿No será más importante arreglar nuestra casa primero, para luego intentar arreglar la de los demás? Si nuestra propia casa está que se cae a pedazos, no parece tener mucho sentido gastar dinero en cosas como los 900.000 € destinados a Bolivia para «Resiliencia y Adaptación Inclusiva basada en Comunidades y Ecosistemas Sostenibles»

Conclusión: eficiencia, no solo expansión
España se encuentra en una encrucijada: por un lado, ha logrado avances económicos significativos antes de la era Zapatero y la ruina de Sánchez; por otro, el tamaño del Estado, las duplicidades administrativas y el crecimiento del gasto y la deuda ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal y la eficiencia productiva. Desde una perspectiva liberal, la solución no es rechazar el gasto o el Estado de Bienestar per se, sino priorizar eficiencia, simplificación administrativa, reducción de duplicidades y políticas que favorezcan el ahorro y la inversión productiva sobre la expansión indefinida del gasto corriente y el endeudamiento descontrolado.
Revertir décadas de crecimiento del gasto sin resultados proporcionales en productividad y calidad de vida es complejo, pero necesario para que la economía española no se convierta en un gigante fiscal con pies de barro.