Consumismo no es capitalismo: el error que confunde política con cultura de mercado

En el debate público existe una confusión extendida: se identifica el capitalismo con el consumismo desenfrenado. Esa idea cala en muchos ciudadanos y en buena parte de la prensa como si fueran la misma cosa. Desde una perspectiva liberal —que pone el acento en la propiedad privada, el ahorro y la inversión como motores del crecimiento— esa equivalencia es un error grave y peligroso. El consumismo masivo es más bien un fenómeno cultural y, en política económica, una herramienta de la demanda agregada ligada a la tradición keynesiana; no la esencia del mercado libre.

John Maynard Keynes introdujo la noción de la función de consumo para explicar cómo la renta influye en el gasto presente. Su objetivo fue ofrecer a los gobiernos instrumentos para estabilizar ciclos: en recesión, impulsar el consumo para sostener la actividad; en auge, retirar estímulos. Es, por tanto, una política macroeconómica destinada a gestionar la demanda, no un mandato para que la sociedad viva al crédito (1. Benjamin Moll).

El capitalismo clásico, en cambio, premia el ahorro y la inversión. Los ahorros canalizados a través de los bancos o los mercados de capital permiten financiar proyectos productivos: fábricas, investigación, nuevas empresas. Si una economía se convierte en una máquina de consumo inmediato —comprar por comprar, financiar vivienda y caprichos con crédito barato—, pierde su brújula: la acumulación de capital productivo se debilita y la capacidad de producir riqueza futura se deteriora.

Hoy vemos las consecuencias de mezclar mal estas recetas. El consumismo desbocado lleva a gastar lo que no tenemos: tarjetas de crédito con condiciones confusas, ofertas de “compra ahora, paga después”, y hábitos sociales que premian el gasto de status. A escala pública, la tentación de sostener el consumo vía gasto público —sobre todo en momentos electorales o de emergencia— puede resultar en más endeudamiento y menos inversión productiva si no va acompañado de reformas estructurales. El ciudadano medio lo nota cuando suben impuestos, bajan servicios o la factura de intereses consume partidas presupuestarias que podrían ir a inversión.

En España la discusión sobre deuda pública ilustra bien este punto. La deuda pública oficial en términos absolutos pasó de alrededor de 1.209.742 millones de euros en 2018 a aproximadamente 1.620.573 millones en 2024, lo que supone un aumento cercano a 410.831 millones de euros en ese periodo. Esa realidad exige preguntas sobre prioridades: ¿cuánto del incremento respondió a políticas temporales para sostener la demanda (por ejemplo, en la pandemia) y cuánto a un modelo de gasto estructural que sacrifica ahorro e inversión? (2. Datosmacro.com).
No es sencillo: parte del aumento de deuda fue inevitable para proteger empleo y empresas en 2020, pero convertir medidas excepcionales en norma sin contrapartidas realistas para reducir déficit y reorientar gasto hacia lo productivo es jugar con la sostenibilidad fiscal. Además, cuando públicas y privadas consumen financiándose, se crea una fragilidad que se manifiesta con subidas de tipos, inflación o shocks externos.
¿Qué se debería de hacer?:

1. Fomentar el ahorro: no como virtud abstracta, sino como la palanca que permite financiar inversiones. Ahorrar no es “privarse”, es posibilitar viviendas sostenibles, empresas competitivas y pensiones reales en el futuro. Es apostar por el mañana.
2. Incentivar inversión productiva: bajar fricciones para que el ahorro se canalice a empresas que generen empleo y aumenten productividad. Aquí no hablamos de recortes indiscriminados, sino de priorizar gasto con retorno social y económico.
3. Reglas fiscales claras: transparencia sobre el destino del gasto y objetivos de reducción de déficit cuando la coyuntura lo permita. Los incentivos a consumir deben ser temporales y bien calibrados; la política fiscal no puede empeorar ciclos al convertir estímulos en gasto recurrente sin financiación.
4. Educar al consumidor: ejemplos sencillos ayudan: comprar el último móvil a plazos puede costar el doble por intereses; una hipoteca asumida sin colchón de ahorro deja al hogar vulnerable. No se trata de demonizar el consumo razonable, sino de evitar el hábito de financiar estilo de vida con deuda permanente.
5. Bajar los impuestos: desde este blog se ha abogado en repetidas ocasiones por que el camino más razonable hacia un posible futuro digno, parte de una bajada sustancial de los impuestos. El dinero donde debe de estar es en el bolsillo de sus dueños. ¿Por qué? Porque nadie mejor que ellos saben en qué se debe de gastar ese dinero. No quiere decir que no existan impuestos, quiere decir que sean los mínimos, para no asfixiar a ciudadanos y empresas. Recordemos que ese dinero que va para los impuesto, se los queda la administración y las administraciones no pueden generar riqueza real, ya que tan solo es posible desde el ámbito privado.

No se trata de empujar al ciudadano a una austeridad moral; lo que se propone es un orden económico en el que la libertad individual coexista con la responsabilidad intertemporal: disfrutar hoy sin hipotecar el mañana. Confundir capitalismo con consumismo es renunciar a esa responsabilidad y, la verdad, es no entender nada de economía básica.

Recuperar la distinción importa: solo así entenderemos que políticas keynesianas de estímulo son herramientas temporales y poco fructíferas, mientras que el progreso duradero nace cuando el ahorro financia inversión productiva y no cuando la economía se adormece en un ciclo de comprar y endeudarse.

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Referencias (selección)
1. Notas de curso sobre la visión keynesiana de la función de consumo. (Benjamin Moll)
2. Serie histórica de deuda pública de España «tabla 2018–2024». (Datosmacro.com)
3. Informe del Banco de España sobre la evolución de la deuda pública (datos 2024). ( Banco de España)